Ilustración editorial de administrador de una sociedad revisando nómina, actas y documentos fiscales con estética profesional en verde oscuro y amarillo

Retribuciones de administradores: cuándo son deducibles en el Impuesto sobre Sociedades

Última actualización: junio 2026

La deducibilidad de las retribuciones de administradores en el Impuesto sobre Sociedades ha sido durante años uno de esos temas que parecen diseñados para que asesores, empresas y Hacienda jueguen una partida de ajedrez fiscal con las piezas medio borrosas.

Que si el cargo debe estar previsto en estatutos.
Que si lo tiene que aprobar la junta.
Que si la teoría del vínculo.
Que si es liberalidad.
Que si es retribución de fondos propios.
Que si el administrador también es socio.

Vamos, el típico tema que empieza con “esto es sencillo” y acaba con alguien abriendo el BOE a las doce de la noche.

La Sentencia del Tribunal Supremo 615/2026, de 18 de mayo de 2026, vuelve a poner orden en una cuestión muy concreta: si una irregularidad mercantil en la fijación de la retribución de los administradores puede impedir automáticamente que ese gasto sea deducible en el Impuesto sobre Sociedades. La respuesta del Supremo es importante para muchas sociedades: no, no automáticamente.

1. Qué se discutía en la sentencia del Tribunal Supremo 615/2026

El caso analizado por el Tribunal Supremo afectaba a una sociedad en la que los estatutos sí contemplaban la retribución de los administradores. En concreto, existía un sistema de remuneración previsto estatutariamente y contratos con consejeros delegados aprobados por el consejo de administración. Posteriormente, la retribución de esos consejeros delegados se incrementó de 18.000 euros anuales a 60.000 euros anuales.

La Administración tributaria no discutía que esas retribuciones estuvieran contabilizadas, justificadas, imputadas correctamente ni vinculadas a servicios efectivamente prestados. El problema venía por otro lado: entendía que el incremento no había sido aprobado por la junta general y que eso suponía una infracción mercantil relevante.

A partir de ahí, Hacienda consideró que el gasto no debía ser deducible en el Impuesto sobre Sociedades por aplicación del artículo 15.f) de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que excluye los gastos derivados de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico.

2. Qué dice la Ley del Impuesto sobre Sociedades sobre los gastos no deducibles

La Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades parte de una idea básica: en estimación directa, la base imponible se calcula corrigiendo el resultado contable mediante los ajustes previstos en la propia ley. Es decir, primero está la contabilidad y luego vienen los ajustes fiscales.

El artículo 15 de la LIS recoge varios gastos que no son fiscalmente deducibles. Entre ellos:

Tipo de gastoTratamiento fiscal
Retribución de fondos propiosNo deducible
Donativos y liberalidadesNo deducibles, salvo excepciones
Gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídicoNo deducibles
Retribuciones a administradores por alta dirección u otras funciones laboralesNo se consideran liberalidad por ese motivo

La propia LIS aclara que no se entienden incluidos como liberalidad los gastos correlacionados con ingresos ni las retribuciones a administradores por funciones de alta dirección u otras funciones derivadas de contrato laboral con la entidad.

Y aquí está la clave: que haya una discusión mercantil sobre cómo se aprobó la retribución no convierte automáticamente esa retribución en liberalidad ni en gasto contrario al ordenamiento jurídico.

3. Qué exige la Ley de Sociedades de Capital sobre la remuneración de administradores

La Ley de Sociedades de Capital establece que el cargo de administrador es gratuito salvo que los estatutos digan lo contrario y determinen el sistema de remuneración. También indica que el importe máximo anual de la remuneración del conjunto de administradores en su condición de tales debe ser aprobado por la junta general.

Además, cuando un miembro del consejo de administración es nombrado consejero delegado o se le atribuyen funciones ejecutivas, debe celebrarse un contrato con la sociedad, aprobado previamente por el consejo de administración con el voto favorable de dos tercios de sus miembros. Ese contrato debe detallar los conceptos retributivos correspondientes a esas funciones ejecutivas.

Por tanto, desde el punto de vista mercantil, conviene tenerlo todo fino: estatutos, acuerdo de junta cuando toque, contrato de consejero delegado, actas, importes, conceptos y trazabilidad. Porque una cosa es que el Supremo frene el “no deducible automático” y otra muy distinta es ir por la vida societaria con los papeles en modo servilleta de bar.

4. La doctrina del Supremo: no todo error mercantil bloquea la deducción fiscal

El Tribunal Supremo fija una doctrina muy relevante: la retribución de los administradores correctamente contabilizada, imputada y justificada por servicios efectivamente prestados cumple, en principio, los presupuestos para ser considerada gasto deducible.

Además, el Supremo recuerda que corresponde a la Administración tributaria justificar por qué un gasto contable no puede deducirse fiscalmente. No basta con decir “hay una irregularidad mercantil” y, con eso, cerrar la puerta de la deducción.

También declara que la retribución de los administradores, cuando busca enriquecer a la empresa y generar ingresos, no es una donación ni una liberalidad. Y añade algo muy potente: la infracción de lo establecido en los estatutos al retribuir a los administradores no constituye, en principio, un incumplimiento del ordenamiento jurídico relevante que impida deducir el gasto.

Traducido al lenguaje de empresa: si el administrador trabaja, cobra por ello, el gasto está contabilizado, documentado, justificado y conectado con la actividad, Hacienda no puede tumbar la deducción solo porque detecte una irregularidad mercantil formal.

5. El artículo 15.f) LIS no sirve para meter cualquier incumplimiento en el mismo saco

Uno de los puntos más importantes de la sentencia es la interpretación del artículo 15.f) de la LIS.

El Supremo rechaza que “actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico” pueda identificarse con cualquier incumplimiento normativo. Según la Sala, esa expresión debe interpretarse de forma restrictiva y se reserva para contravenciones graves, como sobornos u otras conductas similares.

Esto es esencial, porque si cualquier fallo mercantil implicara gasto no deducible, prácticamente cualquier sociedad podría tener un problema fiscal por defectos formales. Y no: el Impuesto sobre Sociedades no es una trituradora automática de gastos por cada error societario.

6. Qué pasa si el administrador también es socio

Otro punto delicado: la doble condición de socio y administrador.

El Tribunal Supremo señala que, si la Administración considera que la retribución del administrador por servicios prestados oculta realmente una distribución de beneficios o una retribución de fondos propios, tiene que alegarlo y probarlo. No puede deducirlo sin más por el simple hecho de que la persona sea socio y administrador.

Esto es especialmente relevante para pymes y sociedades familiares, donde muchas veces el socio también administra, dirige, vende, firma, llama al banco, revisa presupuestos y, si hace falta, cambia el tóner de la impresora.

La doble condición no convierte automáticamente la nómina o retribución en dividendo encubierto. Pero cuidado: eso no significa carta blanca. La sociedad debe poder justificar:

ElementoQué conviene tener
Realidad del trabajoFunciones, dedicación, responsabilidades
Documentación societariaEstatutos, actas, acuerdos, contratos
ContabilidadRegistro correcto del gasto
PagoTransferencias y trazabilidad bancaria
FiscalidadRetenciones correctamente practicadas
ProporcionalidadImporte razonable según actividad y mercado

7. Relación con el criterio del TEAC

La doctrina del Supremo no aparece de la nada. El TEAC ya había recogido un criterio relevante en su resolución de 22 de abril de 2024: las retribuciones de administradores con funciones deliberativas y ejecutivas, acreditadas, contabilizadas y correspondientes a servicios efectivamente prestados, pueden ser gasto fiscalmente deducible aunque no esté prevista en estatutos su aprobación concreta por la junta.

El TEAC también indicó que la falta de previsión estatutaria de las retribuciones concretas no puede comportar, en todo caso, que el gasto sea considerado liberalidad y, sin más, no deducible.

La sentencia de 2026 consolida esta línea: Hacienda puede revisar, discutir y regularizar si hay base para ello, pero debe justificarlo. Lo que no puede hacer es convertir una irregularidad mercantil en una especie de botón rojo fiscal que elimina automáticamente la deducción.

8. Entonces, ¿las retribuciones de administradores son deducibles siempre?

No. Y esto hay que dejarlo claro.

La sentencia no dice que cualquier pago a administradores sea deducible pase lo que pase. Dice que no puede negarse la deducción automáticamente por una irregularidad mercantil si el gasto es real, está contabilizado, justificado y vinculado con la actividad.

Para que la retribución tenga buena defensa fiscal, deberían cumplirse, como mínimo, estas condiciones:

RequisitoPor qué importa
Que el cargo sea retribuido en estatutos cuando procedaEvita conflictos mercantiles
Que exista acuerdo o contrato adecuadoRefuerza la prueba
Que el gasto esté contabilizadoBase inicial para la deducción
Que esté imputado al ejercicio correctoRequisito fiscal básico
Que esté justificado documentalmenteSin papeles, mal asunto
Que responda a servicios realesEvita que parezca reparto encubierto
Que sea razonableReduce riesgo de ajuste
Que se practiquen retencionesCoherencia fiscal del pago

9. Ejemplo práctico para una pyme

Imagina una SL en la que el administrador realiza funciones reales de dirección: gestiona clientes, negocia con proveedores, organiza el equipo y toma decisiones operativas.

La sociedad le paga 2.500 euros mensuales. El gasto está contabilizado, se paga por transferencia, se practican retenciones y existen actas y documentación societaria que respaldan la retribución.

Si existiera algún defecto formal en la aprobación mercantil, eso no debería llevar automáticamente a negar la deducibilidad del gasto en el Impuesto sobre Sociedades, siempre que la retribución sea real, onerosa, esté justificada y conectada con la actividad.

Ahora bien, si la sociedad paga cantidades desproporcionadas, sin documentación, sin funciones claras o justo para vaciar beneficio, ahí Hacienda puede tener bastante más munición. Y no precisamente de fogueo.

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11. Conclusión: menos miedo, pero más orden

La Sentencia del Tribunal Supremo 615/2026 es una buena noticia para sociedades y asesores porque limita una interpretación excesivamente rígida: una irregularidad mercantil no convierte automáticamente la retribución del administrador en gasto no deducible.

Pero la conclusión práctica no debe ser “da igual cómo lo hagas”. La conclusión correcta es otra: hazlo bien, documéntalo mejor y no regales argumentos a Hacienda.

La retribución de administradores puede ser fiscalmente deducible si responde a servicios reales, está correctamente contabilizada, imputada y justificada, y no encubre una distribución de fondos propios. Si hay una discusión mercantil, habrá que analizarla, pero no basta por sí sola para tumbar la deducción.

En fiscalidad, como en la vida, una cosa es tener razón y otra muy distinta es poder demostrarla sin sudar como si estuvieras en una inspección con el aire acondicionado roto.

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